Enactment of Peru's Anti-Terrorism Law 25031
In 1992, Peru enacted Law 25031, which significantly altered the legislative framework for investigating terrorism-related crimes. This law shifted investigative authority from the Public Ministry to the police, undermining the independence of judicial processes and the role of prosecutors. The law's provisions led to a loss of judicial oversight and increased police power, affecting the fairness and impartiality of terrorism trials.
La Ley 25031, promulgada dos años después de la Ley 24700, desarrolló un nuevo esquema legislativo antiterrorista caracterizado por una ruptura del modelo constitucional de investigación del delito. La norma dispuso que la investigación policial de los delitos de terrorismo estaría a cargo de la Policía de Investigaciones del Perú, desconociendo las atribuciones del Ministerio Público. Aunque formalmente el Fiscal debía presentar la denuncia si consideraba que el hecho constituía delito, en la práctica el Ministerio Público se convirtió en un organismo subordinado a las decisiones policiales y a las conclusiones del atestado policial. Este esquema legislativo determinó una pérdida del control jurisdiccional durante la investigación preliminar, resultando en la administrativización del proceso penal.