Constitutional Accusation Against Supreme Court Justices
In April 1991, a group of deputies led by Julio Castro Gómez requested a constitutional accusation against Supreme Court justices for their handling of a Habeas Corpus case involving Ernesto Castillo Páez. The accusation was approved by the Chamber of Deputies, but the process was halted when President Alberto Fujimori dissolved Congress on April 5, 1992. The accusation was revisited in February 2002, leading to the formation of an investigative sub-committee.
Motivada por la controvertida resolución de la 2ª Sala Penal de la Corte Suprema de febrero de 1991 en el caso de Ernesto Castillo Páez, un grupo de diputados encabezados por Julio Castro Gómez presentó una moción en abril de 1991 para formular acusación constitucional ante el Senado contra los vocales supremos Horacio Valladares Ayarza, Carlos Espinoza Villanueva, José Angulo Martínez, Róger Salas Gamboa y Federico Peralta Rosas. La Cámara de Diputados aprobó la moción y una Comisión Especial emitió dictamen favorable para la procedencia de la acusación. Sin embargo, el 5 de abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República, paralizando el procedimiento de acusación constitucional.