Uso sistemático de desaparición forzada por agentes del Estado

En 1989 se intensificó el uso sistemático de la práctica de desaparición forzada por parte de los agentes del Estado peruano como parte de su estrategia contrasubversiva. Esta práctica suponía extraer a una persona específica de su contexto, sustraerla de la mirada pública y de los mecanismos legales de protección individual, para encubrir violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, torturas y violaciones sexuales que generalmente terminaban en ejecución extrajudicial. La CVR determinó que entre 1980 y 2000, aproximadamente el 61% de las víctimas fatales provocadas por agentes del Estado lo fueron mediante esta práctica. El período 1989-1993 marcó un incremento sustantivo en el empleo sistemático de la desaparición forzada, coincidiendo con la nueva estrategia contrasubversiva que incrementó su carácter selectivo.