Implementación de leyes antiterroristas y violaciones de derechos humanos

Las leyes antiterroristas, específicamente el Decreto Ley N° 25475 del 5 de mayo de 1992 y el Decreto Ley N° 25659 del 13 de agosto de 1992, ampliaron y flexibilizaron los conceptos de terrorismo e introdujeron el delito de Traición a la Patria, cuestionando el principio de legalidad al permitir la penalización de actos que lindaban con la expresión de convicciones ideológicas. Estas normativas aumentaron significativamente las penas, estableciendo mínimos de 20 a 25 años de prisión, cadena perpetua, e incluso la pena de muerte en la Constitución de 1993. El CVR señala que dichas leyes fueron posteriormente declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional tras la restauración de la democracia, y concibieron la pena como instrumento de venganza en lugar de rehabilitación.