Vulneraciones de derechos humanos en la investigación preliminar
Las deficiencias en la supervisión fiscal durante la investigación preliminar permitieron graves violaciones de derechos humanos al convertir al fiscal en un mero testigo subordinado a las decisiones policiales.
La Constitución de 1979 estableció que la investigación preliminar era dirigida por la policía con supervisión del Ministerio Público para garantizar el respeto de derechos humanos. Sin embargo, la legislación antiterrorista no reguló procedimientos que permitieran al fiscal cuestionar las decisiones policiales, dejándolo subordinado a la policía. Esta falta de mecanismos de impugnación transformó al fiscal en un mero testigo sin capacidad de garantizar la legalidad, lo que facilitó graves y extendidas violaciones de derechos humanos durante la detención de ciudadanos.