Represión de oficiales militares que no apoyaron el golpe de Estado
Persecución sistemática de oficiales militares peruanos que no respaldaron el golpe de 1992, mediante destierro, marginación de carrera, prisión y represalias contra sus familias.
Tras el golpe de Estado del 5 de abril, oficiales militares que no expresaron apoyo fueron castigados sistemáticamente. El régimen los destacaba a puestos diplomáticos remotos o burocráticos que estancaban sus carreras, como el General Walter Ledesma, quien fue relegado hasta ser dado de baja. Aquellos que luego se integraron a movimientos opositores enfrentaron represalias adicionales: Carlos Mauricio fue condenado en 1995 por críticas a la conducción militar, mientras que Rodolfo Robles fue detenido tras denunciar atentados del SIN. Otros, como Arciniega, fueron amenazados en sus domicilios, viéndose forzados a emigrar a Argentina sin apoyo estatal.