Crisis del sistema judicial peruano tras el golpe de Estado de 1992
El sistema judicial peruano enfrentó una profunda crisis posterior al golpe de 1992, caracterizada por ineficiencia estructural, violaciones de derechos humanos y falta de independencia.
Tras el golpe de Estado de 1992, la situación judicial del Perú se agravó significativamente debido a la intromisión política que incluyó ceses masivos de magistrados, nombramientos provisionales y la creación de órganos de gestión ajenos a la estructura del sistema judicial. El Poder Judicial no cumplió adecuadamente su misión: liberaba culpables, condenaba inocentes, incumplía su papel de garante de derechos de detenidos, y se abstenía de llevar a justicia a miembros de las fuerzas armadas acusados de graves delitos. Aunque el sistema adolecía de problemas estructurales previos que determinaban su ineficiencia, la actuación negligente de operadores de justicia y la inoperancia del Tribunal Constitucional agravaron aún más esta situación de impunidad generalizada.