Legislación antiterrorista post-golpe de Estado de 1992
Análisis de cómo la legislación antiterrorista post-golpe transformó el sistema procesal penal, eliminando garantías del juicio contradictorio y concentrando poder en autoridades administrativas.
La legislación antiterrorista introduce una nueva lógica procesal que establece una clara separación entre la jurisdicción judicial (con garantías de contradicción) y una fase de investigaciones preliminares sin intervención judicial, bajo control administrativo. Esta legislación confiere a instituciones policiales poderes de coacción sobre la libertad personal desvinculados de la comisión previa de delito. La implantación de estas medidas de emergencia generó una mentalidad donde las restricciones de libertad se convirtieron en instrumentos normales de política criminal, produciendo efectos degradatorios en la estructura del derecho penal, incluyendo tipificación subjetivista, penas exasperadas y rebajas para arrepentidos. La legislación transformó profundamente el proceso penal de un instrumento de imputación en instrumento de aplicación de penas, eliminando los principios de contradicción y de defensa efectiva que son bases fundamentales del Estado de Derecho.