El Estado cedió autoridad democrática a las Fuerzas Armadas mediante la creación de Comandos Político-Militares en zonas declaradas en emergencia, debilitando instituciones civiles y derechos humanos.
La CVR señala que la Ley 24150 legalizó el control militar del orden interno, debilitando el poder democrático civil y reduciendo la política contrasubversiva a represión militar.
La CVR analiza cómo la Ley 24150 instauró un estado de excepción inconstitucional que permitió detenciones ilegales y graves violaciones a derechos humanos.
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