The Masacre de Socos was a tragic event where several individuals were killed, leaving behind numerous orphans. The Supreme Court's ruling sentenced several police officers to prison terms for their involvement in the massacre. Despite the sentences, some officers were irregularly reinstated to their positions before completing their full sentences.
La Corte Suprema modificó las penas impuestas por el Tribunal Correccional a los condenados por homicidios, aumentando significativamente los años de prisión.
Decreto que sometió a militares y policías en zonas de emergencia al Código de Justicia Militar, derogado meses después por su inconstitucionalidad.
En abril de 1991, diputados liderados por Julio Castro Gómez solicitaron acusación constitucional contra cinco vocales supremos por su resolución en el caso de Hábeas Corpus de Ernesto Castillo Páez.
En 1994, el gobierno de Fujimori expidió la Ley Nº 26291 a medianoche para resolver a favor de la Justicia Militar un conflicto de competencia en el caso La Cantuta, evitando intervención de la Corte Suprema.
Samuel Dyer fue acusado sin pruebas de financiar operaciones ilícitas de drogas, se exilió en Miami y posteriormente fue absuelto tras un nuevo juicio.
Aprobación de la Ley N° 26291 que permitió al fuero militar asumir la investigación del caso de la desaparición de estudiantes de La Cantuta, evitando que la justicia civil continuara con el proceso.
Investigación judicial de la matanza de Barrios Altos enfrentó negativas de militares a declarar y una contienda de competencia entre justicia común y militar, resuelta mediante ley de amnistía en 1995.
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