La CVR señala que la Ley 24150 legalizó el control militar del orden interno, debilitando el poder democrático civil y reduciendo la política contrasubversiva a represión militar.
El Congreso de la República investigó los homicidios calificados cometidos en Accomarca y Pucayaccu, concluyendo que se trataba de delitos comunes y no castrenses.
El 6 de junio de 1985, el Congreso promulgó la Ley 24150 que establecía normas para los estados de excepción, ampliando significativamente el poder militar.
En noviembre de 1990, diputados del PAP y Cambio 90 bloquearon la acusación constitucional contra el ex presidente García por su responsabilidad en la masacre de presos de junio de 1986.
El gobierno de Fujimori presentó una propuesta de pacificación ante la Mesa de Paz en mayo de 1991, enfatizando el respeto a derechos humanos y la observancia constitucional, mientras negocia con Estados Unidos y obtiene facultades legislativas del Congreso.
El Canciller peruano realizó una visita oficial a Santiago de Chile con el objetivo de iniciar el diálogo sobre la ejecución del tratado firmado en 1929 entre Perú y Chile. Esta visita se produjo en un contexto de tensiones políticas internas en el Perú, con enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo …
Enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso sobre decretos legislativos de pacificación que derivó en un diálogo fallido para alcanzar consenso sobre facultades militares y derechos humanos.
En 1993, el Congreso creó una Comisión Especial de Investigación para el caso La Cantuta, convocando a militares y funcionarios cuyos nombres figuraban en documentos relacionados con el caso.
En abril de 1993, el Congreso peruano creó una Comisión Especial de Investigación para esclarecer el caso de La Cantuta tras revelarse acusaciones contra militares.
Aprobación de la Ley N° 26291 que permitió al fuero militar asumir la investigación del caso de la desaparición de estudiantes de La Cantuta, evitando que la justicia civil continuara con el proceso.
En 1995, el Congreso aprobó una ley que amnistió a los militares, exonerándolos de violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra interna.
Investigación judicial de la matanza de Barrios Altos enfrentó negativas de militares a declarar y una contienda de competencia entre justicia común y militar, resuelta mediante ley de amnistía en 1995.
El régimen fujimorista aprobó las leyes 26479 y 26492 en junio de 1995 para legalizar la impunidad de violaciones de derechos humanos cometidas por perpetradores estatales.
El Congreso aprueba la Ley de Amnistía General que beneficia a sentenciados por hechos delictuosos durante la lucha contra el terrorismo y el golpe de noviembre de 1992.
El Congreso aprobó la Ley 26479 de amnistía general para personal militar, policial y civil por delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo.
El 12 de octubre de 1995, congresistas de diversas bancadas propusieron formar una comisión investigadora sobre el caso Cantuta, pero la moción fue desestimada en votación del Pleno.
El Congreso desestimó la moción presentada por Fernando Olivera para investigar las denuncias del ex agente Mesmer Carles Talledo sobre el Grupo Colina y su vinculación al SIN.
