ENTREVISTA A GIULIA TAMAYO

Un delito que ha sido obviado por las autoridades peruanas al juzgar por violación de derechos humanos al ex presidente Alberto Fujimori, ha sido el de las esterilizaciones forzadas impulsadas y practicadas durante su segundo gobierno. Fueron más de 200 mil las peruanas a las que les ligaron las trompas no sólo bajo engaños, a muchas inclusive las obligaron a hacerlo bajo amenaza de no recibir la ayuda alimentaria que ofrecía el gobierno de Fujimori. Este caso llegó a los tribunales peruanos, y luego de pasar diversas instancias terminó en la Fiscalía Provincial de Delitos contra los Derechos Humanos, la que finalmente decidió archivar el caso en mayo de 2009. Decisión que fue confirmada meses después, en diciembre de ese mismo año, por la Fiscalía Superior de Derechos Humanos. ¿Es aún viable que las miles de mujeres peruanas que fueron víctimas de ésta abyecta campaña de esterilización forzada auspiciada por el gobierno de Alberto Fujimori, puedan obtener justicia? “No sólo es posible sino que se trata de una obligación pendiente por la que debe responder el Estado peruano. Corresponde a las autoridades investigar, llevar ante la justicia y sancionar a los responsables, garantizando los derechos de las víctimas a contar con un recurso efectivo y obtener reparación”, dice Giulia Tamayo, abogada peruana que en 1997 comenzó a seguir el tema desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM). Tamayo tal vez sea la jurista que mejor conoce el caso. Ella efectuó un minucioso trabajo de recolección de testimonios que fueron reunidos en una investigación que demostraba con pruebas fehacientes, la coerción a la que se sometió a las mujeres más vulnerables del país. Sobre todo a las que vivían en las comunidades más alejadas del país, quechua hablantes y campesinas. “Hasta ahora las numerosas víctimas que han venido denunciando los graves abusos llevados a cabo en el marco del Programa de Planificación Familiar durante el régimen de Fujimori, han sufrido una segunda vulneración de sus derechos al ser mantenidas en una prolongada injusticia”, dice la abogada, quien debido precisamente a sus pesquisas, fue víctima de un acoso que la obligó a dejar el Perú para establecerse en España. Tamayo trabaja ahora como especialista en género en la delegación española de Amnistía Internacional, y aunque el tiempo ha pasado, éste tema no deja de interesarle, más aún después de la decisión de la justicia de archivar el caso, decisión que interpreta como una “muestra obscena de desprecio por las víctimas de graves abusos contra los derechos humanos y de descomunal ignorancia del derecho internacional”.