Extrajudicial Executions in Lurigancho and El Frontón
In February 1987, a commission from Amnesty International investigated events at Peruvian prisons, leading to a report that revealed extrajudicial executions by security forces. Over 90 prisoners were executed in Lurigancho, and the Pabellón Azul in El Frontón was destroyed with inmates still inside. The report attributed responsibility to high-ranking officials, including the President, but judicial investigations were inadequate, with military courts absolving most accused.
Durante el debelamiento de motines en los penales de Lurigancho y El Frontón, las fuerzas encargadas cometieron ejecuciones extrajudiciales. En Lurigancho se fusilaron más de 90 internos ya rendidos con disparos en la nuca. En El Frontón, la Marina detonó el Pabellón Azul sabiendo que había internos con vida en su interior. El Informe Ames documentó que se utilizó armamento pesado desproporcionado (bazucas, cañones, explosivos) y se intentó encubrir los crímenes. El informe atribuyó responsabilidades al Presidente Alan García, ministros, oficiales militares y autoridades penitenciarias, pero los procesos judiciales no investigaron adecuadamente los hechos.