Militarization and Human Rights Violations in Peru
In response to increasing violence from the PCP-SL, the Peruvian government decided in late 1982 to transfer the responsibility of counter-subversive efforts to the armed forces. This decision marked the beginning of a militarization process that lasted over a decade, leading to significant human rights violations. The establishment of political-military commands and the lack of civilian oversight resulted in systematic and widespread human rights abuses.
El gobierno de Acción Popular optó por ceder la conducción de la lucha contrasubversiva a las fuerzas armadas a fines de 1982, ante la actividad cada vez más violenta del PCP-SL y las limitaciones de las fuerzas policiales. Esta decisión inició un proceso de militarización que duró más de una década y produjo una subordinación de hecho de las autoridades civiles locales a las estrategias contrasubversivas. La CVR establece que la creación de comandos político-militares se realizó sin tomar las previsiones indispensables para salvaguardar los derechos fundamentales de la población, lo que resultó en numerosas violaciones de los derechos humanos de manera sistemática y generalizada.