Peruvian Armed Forces and Human Rights Violations
In response to subversive groups challenging the constitutional order, the Peruvian government authorized the armed forces to confront these groups starting on 29 December 1982. The Truth and Reconciliation Commission (CVR) found that the military initially engaged in indiscriminate repression, which later became more selective but still resulted in numerous human rights violations. These actions included systematic and widespread violations that amounted to crimes against humanity, with political-military commands potentially bearing primary responsibility.
Por decreto supremo del 29 de diciembre de 1982, el gobierno constitucional ordenó a las fuerzas armadas enfrentar grupos subversivos. La CVR reconoce los sacrificios militares pero ha encontrado que la estrategia aplicada fue de represión indiscriminada contra la población sospechosa de pertenecer al PCP-SL en un primer período, y más selectiva posteriormente, aunque continuó permitiendo numerosas violaciones de derechos humanos. En ciertos lugares y momentos, la actuación de miembros de las fuerzas armadas no solo involucró excesos individuales sino prácticas generalizadas y sistemáticas de violaciones que constituyen crímenes de lesa humanidad y transgresiones del Derecho Internacional Humanitario. La CVR señala que los comandos político-militares, como autoridad estatal máxima en zonas de emergencia, pueden tener responsabilidad primaria por estos crímenes.