Lurigancho Prison Incident
In June 1986, allegations emerged of extrajudicial executions at Lurigancho prison in Peru, following a rebellion that had been subdued by the military. The government, led by President Alan García, admitted the possibility of excessive force and initiated investigations. The investigations found responsibility among members of the Guardia Republicana, leading to convictions, although some were later released under an amnesty law.
Luego de la debelación del motín en el penal de Lurigancho, el Senador Javier Diez Canseco y medios de comunicación divulgaron información sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales contra internos rendidos. El 21 de junio de 1986, el Gobierno admitió oficialmente la posibilidad de "excesos en el uso de la fuerza" y ordenó una investigación al Fuero Militar. El 27 de junio, el Presidente Alan García Pérez reconoció evidencias de crímenes cometidos por la Guardia Republicana y anunció investigaciones para castigar responsables. Una comisión especial encontró responsabilidad en el Coronel Rolando Cabezas Alarcón y siete miembros de la Guardia Republicana, aunque Cabezas fue liberado en 1995 por la Ley de Amnistía.