Exploitation of the Bosques de San Ignacio
On June 5, 1990, the Ministry of Agriculture in Peru issued a resolution allowing the exploitation of the Bosques de San Ignacio, reversing a previous decision that declared the forests untouchable. Contracts were made with individuals for timber extraction, who then subcontracted with INCAFOR S.A. Allegations arose that these contracts were a facade, as INCAFOR was involved in extraction activities prohibited by law. The local mayor initially opposed these activities but later supported the company, allegedly due to bribery.
En junio de 1990, el Ministerio de Agricultura revocó la intangibilidad de los Bosques de San Ignacio, ubicados en la provincia del mismo nombre en Cajamarca, permitiendo nuevamente su explotación forestal. Gregorio Valdivia Ghersi, José Antonio Tálleri de Lavalle y Demetrio Patsías Mella celebraron contratos con el Ministerio para explotar hasta 1,000 hectáreas cada uno, posteriormente subcontratando con la empresa INCAFOR S.A. para labores de aserrío, secado y transporte. Denuncias confirmadas por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental señalaban que los contratos eran simulados, ya que INCAFOR realizaba labores de extracción prohibidas por ley. El alcalde de San Ignacio, inicialmente opositor, cambió su posición meses después, siendo acusado por pobladores de haber sido sobornado por la empresa.